El autor luego de dos años de investigación llega a la conclusión de que, habiendo un grave conflicto en el sur, este no es mapuche sino fruto de una desacertada legislación dictada en el primer gobierno de la Concertación que permitió que cualquier descendiente de mapuche o que cualquier persona, consiguiendo la calidad de indígena otorgada por CONADI, pudiera solicitar y obtener tierras que no están ni han estado jurídicamente disponibles para estos fines; ante esta dificultad se ha utilizado lo de las tierras ancestrales, cosa absolutamente irreal.